El reto demográfico es uno de los desafíos más complejos y urgentes que enfrentan las economías modernas. Se manifiesta por el envejecimiento poblacional, la baja natalidad, la despoblación rural y los movimientos migratorios. Estos fenómenos inciden directamente en la sostenibilidad del Estado de bienestar, las pensiones y el funcionamiento del mercado de trabajo, poniendo en jaque la capacidad de crecimiento y la cohesión social.
En términos generales, el reto demográfico se refiere al desequilibrio entre generaciones y territorios, causado por factores como las tasas de natalidad y mortalidad, el acceso a servicios sanitarios, los cambios climáticos y las desigualdades económicas. En países desarrollados, el problema principal es la insuficiente reposición generacional: nacen pocas personas y la esperanza de vida se prolonga.
Mientras tanto, en países en desarrollo, existe a menudo una sobreoferta de población joven que no encuentra empleos de calidad. Este contraste genera tensiones laborales y sociales en ambas realidades: en unos, por el envejecimiento acelerado; en otros, por el desempleo juvenil masivo.
España constituye un caso paradigmático dentro de la Unión Europea. Actualmente, por cada menor de 15 años hay 1,2 personas mayores de 65. Las proyecciones indican que, en 2066, uno de cada tres españoles superará los 65 años. Este envejecimiento poblacional implica una presión creciente sobre el sistema sanitario, los cuidados de larga duración y, sobre todo, las pensiones.
La baja natalidad, causada por la precariedad laboral, la dificultad de acceso a la vivienda y la falta de conciliación entre vida familiar y profesional, acelera la reducción de los nuevos entrantes al mercado de trabajo. Sin un flujo constante de personas jóvenes, la pirámide demográfica se invierte y se vuelve insostenible económicamente.
El éxodo rural de las últimas décadas ha dejado miles de municipios con un saldo vegetativo negativo: mueren más personas de las que nacen. Hay más de 400 pueblos sin ningún menor de 15 años. La brecha entre zonas urbanas y rurales se amplía, generando un desequilibrio territorio-población que amenaza la viabilidad de servicios básicos y la cohesión social.
El llamado «mercadito laboral» en el medio rural adolece de escasez de empleos cualificados, falta de infraestructuras y percepción de estancamiento profesional. Muchos jóvenes, especialmente mujeres, abandonan sus lugares de origen en busca de oportunidades en las ciudades, profundizando la fractura demográfica.
La llegada de migrantes ha servido para rejuvenecer parcialmente la pirámide poblacional y aportar mano de obra en sectores estratégicos. En España, el 20,7% de la fuerza laboral no nació en el país. Sin esta inmigración, la población activa habría caído con mayor intensidad.
No obstante, la migración no es una solución estructural si no se abordan simultáneamente la baja natalidad y la productividad. Las tensiones políticas y sociales en torno a la inmigración subrayan la necesidad de políticas inclusivas que reconozcan su aporte económico y cultural.
La disminución de la población en edad de trabajar (15–64 años) en la eurozona ha sido del 0,3% anual entre 2015 y 2020, pasando del 65,1% al 63,5% de la población total. En España, este descenso impacta directamente en los sectores que dependen de mano de obra joven: hostelería, agricultura, logística y cuidados.
Según la OIT, los cambios demográficos afectan la oferta de mano de obra, el crecimiento económico, las tasas de paro y los niveles salariales. Menos jóvenes disponibles y más mayores en activo modifican la estructura de costes y la capacidad de innovación de las empresas.
Subir la tasa de participación laboral en un punto (del 72,5% al 73,5% en la eurozona) habría sido suficiente para mantener constante la población activa entre 2015 y 2020. En España existe margen para mejorar la empleabilidad de mujeres y mayores de 55 años, retrasar la edad efectiva de jubilación y favorecer la conciliación empleo-familia.
Los colectivos con mayor potencial son las mujeres (participación actual del 68,7%) y los trabajadores de 55–64 años (63,3%). Mejorar su integración no solo mitiga el impacto demográfico, sino que aporta diversidad y experiencia al tejido productivo.
La población joven hasta 25 años ha caído en 14 años en 323.100 personas, y si se extiende hasta los 29 años la pérdida alcanza 1,5 millones. Enfrentan desempleo del 23,5% (16–24 años) y temporalidad creciente, lo que disminuye su capacidad de planificar una familia y acceder a vivienda.
Esta «doble pinza» —menos jóvenes y más precariedad laboral— genera un círculo vicioso que refuerza la baja natalidad y la fuga de talento. Las políticas de formación, emprendimiento y apoyo a la emancipación son clave para revertir esta tendencia.
Para afrontar el reto demográfico y dinamizar el mercadito laboral, es esencial combinar medidas de corto y largo plazo:
Asimismo, la migración debe gestionarse con políticas de integración social y laboral, facilitando el reconocimiento de títulos y el aprendizaje del idioma. La colaboración público-privada puede impulsar programas de reactivación económica en zonas abandonadas.
El reto demográfico es un desafío multidimensional que exige respuestas integrales. La convergencia de envejecimiento, baja natalidad, despoblación rural y migración redefine las dinámicas del mercado laboral y la sostenibilidad del Estado de bienestar. Solo a través de políticas coordinadas, que fomenten la natalidad, la inclusión laboral de todos los grupos y la revitalización territorial, lograremos transformar este reto en una oportunidad para construir una sociedad más equilibrada, productiva y resiliente.
Referencias
